Desafios de nuestro tiempo
IX Jornada Desigualdades Sociales y Salud de la ADSP
La medicina es política y la política es medicina a lo grande
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) celebró en Cádiz el 23 de mayo las IX Jornada de Desigualdades Sociales y Salud, dedicadas este año al tema de “Privatización y Desigualdades en Salud”.
Del documento de conclusiones aprobado por los asistentes destacamos:
1.- Los sistemas sanitarios son un reflejo de la organización social. Así, se han desarrollado diferentes modelos en Europa: el Sistema Nacional de Salud, los sistemas de Seguridad Social, los de Seguro Obligatorio y los de Seguro Voluntario.
A lo largo del siglo XX se produjeron grandes transformaciones de los sistemas sanitarios con tendencia general a la socialización y con un vértice en el paradigma de Alma Ata, dándose un posterior retroceso neoliberal cuyo paradigma sería el Consenso de Washington. Todo ocurrió a la vez que cambiaba el perfil epidemiológico desde las enfermedades infecciosas a las crónicas y degenerativas.
Los sistemas privados o mixtos tienen como principales problemas: a) la escasa cobertura, (45 millones de ciudadanos de los Estados Unidos no tienen cobertura, el 15,36% de la población), b) la discriminación por renta, especialmente debida al copago. Los sistemas públicos presentan a las listas de espera como su principal problema, siendo estas inherentes al ajuste entre oferta y demanda para garantizar la cobertura universal.
Lo que sí es cierto, es que todos los estudios científicos demuestran que el gasto público en salud tiene un efecto redistributivo, especialmente positivo en tiempos de crisis, y que por otro lado, es un generador de empleo. Se estima que por cada 10 empleos nuevos en el servicio nacional de salud se generan seis a la economía general.
En la actualidad confluyen dos grandes paradigmas respecto a la salud. Por un lado, tal como dice la Organización Mundial de la Salud y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la concepción de la salud como un derecho fundamental que tiene que ser garantizado por los estados. Por otro lado, la concepción de la salud como una mercancía, especialmente desarrollado a partir de los años 80 tras el gran impacto de la globalización neoliberal. Desde esta creencia religiosa en el mercado, se propone dejar la regulación de la salud al mismo, lo que ha sido defendido por el Banco Mundial, pero también asumido por la Comisión de la Unión Europea, especialmente a partir del tratado de Maastricht, el plan de estabilidad y la directiva Bolkestein.
Los asistentes a las jornadas están plenamente convencidos que la acción del mercado y la desregulación de los sistemas públicos sólo lleva a un empeoramiento de los niveles de salud, tal como muestra el ejemplo paradigmático de los países del este europeo, en los que el desmantelamiento de los sistemas mediante la desconcentración, la municipalización y la posterior privatización, ha llevado un retroceso gravísimo de los indicadores de salud.
La situación actual del sistema sanitario en la comunidad de Madrid fue definida como: "el resultado de planes de desmantelamiento premeditado en una estrategia privatizadora a plazos gestionada por el Partido Popular". Se constató como el proceso de privatización es profundo, rápido y extenso.
Algunos de los hitos que han llevado a esta situación fueron: la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2001 que permitió la creación de nuevas formas de gestión y la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 que confirió al gobierno potestad para convertir los hospitales públicos en entidades con otra personalidad jurídica sin necesidad de que esto pasara por el parlamento.
Algunos datos de la situación actual son los siguientes: una disminución en el 35% de la inversión en infraestructuras, un aumento del 51% en la externalización, un aumento del 21% en las derivaciones de la lista de espera al sector privado, un aumento enorme del gasto en farmacia y conciertos, especialmente en pruebas diagnósticas, una desaparición de los valores clásicos del sistema, todo ello conducente a una descapitalización del sistema público y a su masificación. En estos momentos a la Comunidad de Madrid el 75% de los cupos de atención primaria tienen más de 1500 cartillas, el presupuesto sanitario per cápita es un 19% inferior a la media española y también son inferiores a la media el número de médicos y enfermeras por habitante.
Algunos otros datos concretos que creen necesario pormenorizar para conocer la magnitud del problema son los siguientes: la empresa CAPIO, una multinacional sueca-norteamericana compró la fundación Jiménez Díaz en una operación dirigida desde la consejería, la cual ha duplicado el concierto de forma que en la actualidad están atendidos por esta empresa privada 500.000 habitantes del distrito centro, 160.000 de Valdemoro, 150.000 de Moncloa y dos centros periféricos de especialidades. Por otro lado se abrieron siete nuevos hospitales gestionados según el modelo de iniciativa de financiación privada (PFI, de sus siglas en inglés), un modelo ampliamente criticado en el Reino Unido, el hospital de Valdemoro, mediante un sistema de concesión, se ha privatizado toda la atención informática sanitaria, se ha creado una empresa pública de radiología y se han privatizado todos los laboratorios centralizándose en una empresa que depende de la compañía Ribera-Salud.
Como ejemplo se puede aducir la comparación entre el hospital privado de Parla y hospital público de la Cruz Roja ambos de 180 camas, en los que la consejería paga 3,37 veces más por el privado. Se paga en Parla un canon anual a 30 años cuando la amortización se produce a los siete años. Otro hecho a destacar es que todas las empresas beneficiarias de esta gran operación son empresas constructoras, no sanitarias, con lo que podríamos estar asistiendo a un proceso de financiación encubierto a las empresas del ladrillo.
El impacto en la red pública actual es devastador. Respecto a la estructura, se están produciendo cierres de centros periféricos de especialidades, traslados de servicios completos de los hospitales públicos a los privados, en especial los quirúrgicos, ala vez que existe un plan de cierre de camas en los hospitales públicos, y han desaparecido los planes de necesidades. Respecto al personal, no hay un incremento neto sino traslados y las jefaturas en los hospitales nuevos son por libre designación.
En resumen y como fruto del debate, se constató que frente a esta brutal ofensiva la oposición política, sindical, social y desde la Academia, aunque sí se ha producido, no ha estado cohesionada y no ha sido suficiente para contrarrestarla. Es necesario exigir al gobierno de España que intervenga ante aquellas actuaciones claramente ilegales y a las fuerzas sociales que se unan para conseguir mayor efectividad. Nosotros somos muchos y ellos pocos y cada vez tenemos menos margen para mantenernos al margen.
2.- Diversos trabajos del grupo de Vicente Navarro y otros grupos, encuentran una asociación entre la duración de los gobiernos socialdemócratas (que redistribuyen la renta) y una disminución de la mortalidad. Por otro lado, Hubert y Stephens encontraron como por el contrario, los países con predominio los cristianodemócrata y liberal se caracterizan por su entrega al capital privado y los llamados de democracia tardía, sobre todo por sus políticas fiscales regresivas.
Rodríguez-Sanz y colaboradores también encontraron diferencias en indicadores del estado del bienestar según el partido gobernante entre las comunidades autónomas españolas. Diversos estudios analizan otros factores como la posición económica, el desempleo y la salud percibida en función de la tradición política, saliendo siempre favorecida a la tradición socialdemócrata.
3.- Sobre las causas de la sobre mortalidad en la región del Campo de Gibraltar se defiende a los factores sociales como desencadenantes principales y al tabaquismo como causa inmediata. Ya desde el siglo XIX el Campo de Gibraltar se encontró prisionero entre dos realidades: por un lado una oligarquía latifundista y un estatus militar, y por otro lado la cercanía transfronteriza con Gibraltar, una centro offshore comercial e industrial. Todo ello conduce a una situación de dependencia y explotación que hizo que, por ejemplo tan tardíamente como en 1962, 13.000 trabajadores cruzaran la verja diariamente.
En este contexto destaca la industria del contrabando, especialmente del tabaco, como la principal fuente de ingresos de la zona que expuso a la población mediante una fácil oferta de consumo. Por ejemplo sólo en un semestre de 1960 pasaron la frontera 841 millones de cajetillas provenientes de Estados Unidos. El alto índice de tabaquismo fue una consecuencia inevitable de la organización social y política, lo que en el debate se apuntó que pudiera haber ocurrido posteriormente en relación a las brutales tasa de toxicomanía y Sida en los años 80.
Tanto Antonio como Albert, analizando cada uno desde una perspectiva más global o más local, han puesto de manifiesto que los estados de salud están influenciados por determinantes políticos, al igual que también los intereses políticos o partidistas son determinantes en el tipo de investigación epidemiológica que se financia, o en la modificación interesada de la forma de medir los indicadores.
4.- La medicina es política y la política es medicina a lo grande.
5.- Se solicita una mejor atención del sistema sanitario, con atención integral, multidisciplinariedad, atención domiciliaria y otras necesidades y un reconocimiento de los distintos grados de minusvalía y las percepciones económicas asociadas a enfermedades como la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química.
6.- Se considera un gran avance en el sistema público de protección social la promulgación de la Ley de Dependencia. Destacan sobre todo que supone el reconocimiento de un derecho subjetivo y también que establece la universalización de la cobertura. Este derecho debería ser ejercido en la práctica lo antes posible para dar paso a nuevos derechos como el de renta mínima, próximo a entrar en el Parlamento Andaluz, u otros derechos como el de la vivienda con menos probabilidad de incorporarse a la práctica en un futuro cercano.
Como principales problemas quiso destacar el baremo, en el que encajan mal los enfermos mentales y la complejidad en su desarrollo con una cascada de órdenes y decretos que han generado un cierto caos. También la financiación que podría estar comprometida puesto que se parte de una cierta penuria. El gasto social medio en los países de la OCDE es de 1,25% del PIB, mientras que en España oscila entre el 0,5 y 0,6%, probablemente insuficiente para atender la demanda generada, es decir, 282.415 solicitudes en Andalucía de las cuales 226.636 son dictámenes de discapacidad de grado III, siendo ésta una de las comunidades con más desarrollo en la que se han desbordado las previsiones iniciales.
Algunos de los problemas de la implantación de la ley son los siguiente: prevalece la ayuda económica sobre los servicios, aún cuando esta prestación suponga sobrecarga del trabajo familiar; se olvida la perspectiva de la autonomía personal; los procedimientos administrativos son excesivamente complejos; las discrepancias en la negociación con las familias del plan individualizado en detención (PIA); la extensión de plazo reglamentario de seis meses a 12 meses en 2008 (aunque está bajando en 2009); el derecho de la familia a recibir la compensación del dependiente fallecido; la provisión de servicios por entidades privadas que podría suponer una utilización de la ley con fines lucrativos.
Respecto a la financiación, el copago del 25% para residencias podría ser un obstáculo y hacer que las familias opten por la compensación económica. La ley necesitaría un protocolo de urgencias para priorizar los casos más graves o urgentes.
Se acaba pidiendo que la ley consiga atención personalizada y multidisciplinar y que se cuente con los afectados que son quienes viven el problema.
Cádiz, a 2 de Junio de 2009
